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El ex jefe de División de impacto y Análisis Ambiental del Ayuntamiento de Madrid Victoriano Ceballos, uno de los principales imputados del caso abierto en Madrid por la concesión irregular de licencias, ha reconocido ante el magistrado Santiago Torres que cobró gratificaciones. El dinero provenía de la arquitecta Pilar García Uceda, con la que Ceballos había cooperado en varios trabajos. Ambos elaboraban proyectos que luego eran enviados a la Concejalía de Medio Ambiente. Además del supuesto cabecilla, otros tres funcionarios municipales y 10 empresarios comparecieron en el Juzgado número 32 de Plaza Castilla. Tan intensa fue la jornada que se llamó a declarar a un imputado muerto hace tres años.

El escándalo del Guateque suma y sigue. Después de la imputación de Íñigo Henríquez de Luna, diputado del PP y promotor de las primarias en el seno de este partido, ha vuelto a ser el turno de Ceballos, quien ya había estado en prisión por la operación. Como ya informó El Plural, el presunto cabecilla es el técnico que en la mayoría de los casos tramitaba las licencias. Si un hostelero tenía problemas para abrir su local, Ceballos ofrecía soluciones a cambio de sobornos. “No cumple esto, ni esto ni esto. Pero tranquilo, se puede resolver. Cuesta 3.000 euros”. La investigación recoge estas palabras del imputado, que salió de la cárcel el pasado 24 de enero, tras pagar 60.000 euros.

Pagos, mejor que invitaciones

Casi con el mismo desparpajo habló el imputado por delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y actividades prohibidas a los funcionarios. Ceballos compareció durante más de una hora ante el juez Santiago Torres. “En vez de invitarme a una comida, me pagaba”, cita El País. Se refería al dinero recibido de la arquitecta Pilar García Uceda, con quien colaboró en algunos trabajos. Ambos realizaban proyectos de expedientes dirigidos a la Concejalía de Medio Ambiente. A pesar de la naturalidad con la que habla Ceballos, el cobro de gratificaciones es un delito. Este hecho se incluye en la lista de actividades prohibidas a los funcionarios.

Pensaba que estaría “jubilado”

Al ser preguntado por esta incompatibilidad con la condición de funcionario, Ceballos manifestó, no sin cierto cinismo, que pensaba que estaría “jubilado” cuando “los proyectos llegasen a su departamento debido a la larga tramitación que soportan los expedientes”.

Adelantos por órdenes políticas

Ya en los pasillos, el imputado continuó hablando de los “tres o cuatro” expedientes. “Todos siguieron el curso habitual. No se han producido irregularidades”, aseveró. “No cobré un duro ni por los informes ni por acelerar expedientes”, remarcó, si bien aceptó que se dinamizaban las licencias que “políticamente se mandaban adelantar”. Ceballos, sin embargo, incidió en que “no hay ninguna trama”, aseverando que si los informes tienen su firma es porque era el único funcionario que estudiaba los informes de Medio Ambiente.

“Atropello disparatado”

También compareció Joaquín Fernández de Castro, otro de los principales imputados. Castro es el antiguo jefe del departamento de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente. El acusado de los mismos delitos que Ceballos aseveró en los pasillos que “se está cometiendo un atropello disparatado”. De Castro salió de la cárcel el mismo día que el supuesto cerebro de la operación, con la misma condición -60.000 euros de multa-. Ya frente al magistrado declaró que le hubiese destituido en caso de tener constancia de las irregularidades.

La anécdota

Finalmente, El País destaca la “anécdota del día”: la llamada a declarar a Manuel Pérez, un empresario hostelero. “Pero si murió hace tres años”, contestó su socio Antonio López.