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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha extendido actas de liquidación a la Junta de Castilla y León por una cuantía de 564.000 (casi 91 millones de las antiguas pesetas) por incumplir de manera sistemática el Real Decreto 63/2006 por el que se regula la situación laboral del “Personal Investigador en Formación”. La junta está incumpliendo su obligación de dar de alta a los “becarios de contrato”.
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